ENERO: MÚLTIPLES ESCENARIOS

El año 2003 inició con serios desafíos para la democracia y el Estado boliviano, algunos de los cuales no alcanzamos a prever en el anterior análisis de coyuntura en el cual enunciamos que los escenarios posibles de conflicto girarían en torno a la coca; el gas; el ALCA y tierra y territorio con tendencias de agravarse a grados de conflictividad extrema, pero los sucesos fueron imprevisibles. El gobierno cometió grandes errores políticos al asumir ingenuamente tres situaciones: 1) no valoró las consecuencias del gran vacío político y económico que heredó de los gobiernos de Bánzer y Quiroga, hecho que determina que la conducción actual del Estado no es ni puede entenderse como una continuación de su anterior período gubernamental con vigencia plena de las políticas de 1994, sino un escenario con elementos de extrema conflictividad; 2) se empeñó en un estilo de gestión caracterizado por actitudes de diálogo directo con representantes sindicales como sucedió en décadas pasadas, con lo cual anuló peligrosamente las formas de representación reglamentadas en la Constitución Política, acentuadas por la desconfianza ciudadana en los partidos políticos y la consecuente disminución del accionar del parlamento y 3) pensó que podía enunciar nuevas medidas gubernamentales, sin dar respuestas a problemas de fondo planteados por una porción conflictiva de la sociedad civil, abusando del "diálogo sin resultados".

Recuento de los sucesos

Desde agosto del 2002 el Presidente solicitó un "pacto social" que no fue principalmente dirigido al conjunto del país, sino a los cocaleros, cuyo accionar fluctuó coyunturalmente entre las amenazas sindicales de bloqueos y su representación partidaria en el parlamento.

En septiembre 2002 se produjo la primera de cinco reuniones pactadas entre Sánchez de Lozada y Evo Morales sobre el tema de una pausa en la erradicación y la modificación de la Ley 1008. En octubre muere un conscripto y un cocalero es herido, con lo cual, el diálogo se estanca y se llega a diciembre con la política nacional "chaparizada", el mensaje presidencial fue: La línea clara: los que quieran bloquear, con Evo; los que quieran hablar, dialogar y encontrar soluciones con nosotros.

Los sindicatos cocaleros del Chapare y de los Yungas, los maestros y la Coordinadora del Agua de Cochabamba confirmaron que iniciarían sus movilizaciones el 13 de enero, mientras que los campesinos dirigidos por Alejo Véliz anunciaron protestas para el 20 y los representados por Felipe Quispe se declararon en estado de emergencia, con miras a preparar un bloqueo apoyado por los choferes de los Yungas, una fracción del Movimiento Sin Tierra y los jubilados que se preparaban para movilizarse desde Patacamaya. Véliz y Quispe plantearon demandas sectoriales, mientras que Evo Morales propuso aglutinar demandas como la del gas, el ALCA, la distribución de tierras fiscales, la suspensión de la erradicación de coca y la recuperación de las empresas capitalizadas.

El Gobierno instruyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía desplazarse hacia el Chapare para neutralizar el anunciado bloqueo en las carreteras y prohibió a la cúpula militar sostener una reunión con Evo Morales. Mientras se diluía el diálogo presidencial con el dirigente sindical cocalero propiciado por el empresariado cochabambino, a partir del diez de enero cinco mil jubilados iniciaban una marcha hacia La Paz reclamando la indexación del incremento anual de sus rentas según la cotización del dólar y para plegarse a las movilizaciones cambiaron la marcha por el bloqueo de caminos.

Para neutralizar al Movimiento Sin Tierra, las autoridades del Ministerio de Planificación entregaron 5.900 hectáreas de tierra para 80 familias en la provincia Marbán de Beni, casi 74 hectáreas para cada una, como nueva creación estatal de una incipiente clase propietaria. El Movimiento Sin Tierra, en respuesta, planteó el saneamiento y titulación de tierras en todo el país; el establecimiento de responsabilidades sobre el caso Pananti (Tarija) cuando seis personas murieron a fines del 2001 en un enfrentamiento por tierras y un programa de desarrollo agropecuario. El Gobierno ofreció 500 mil hectáreas para 10.000 familias en seis departamentos hasta el 2006 (50 para cada una) y entre el 2003 y el 2004 propuso entregar 200 mil hectáreas para asentamientos humanos con un financiamiento de $us 5 millones. También ofreció 700 hectáreas de tierras con aptitud forestal sin determinar a los beneficiarios potenciales.

El 13 de enero se iniciaron las movilizaciones cocaleras en el Chapare, dos días después un enfrentamiento en la ruta bloqueada entre Cochabamba y Santa Cruz deja a tres campesinos muertos y ocho heridos. Hacia el 21 los trabajadores del centro minero de Huanuni continuaban su vigilia en Machacamarquita. La FSTMB comenzó sus movilizaciones con un paro de 24 horas decretado como protesta por la muerte de un minero en esa localidad, en enfrentamientos con fuerzas militares. El 23 la agencia Reuters anuncia el surgimiento de un grupo armado en Chapare para defender las demandas indígenas frente a la represión militar y policial. El dirigente campesino y jefe del MIP, Felipe Quispe, se unió a Morales y al denominado Estado Mayor del Pueblo boliviano surgido en Cochabamba el 24 de enero conformado por la Confederación de Maestros Urbanos (CMU) dirigida por Estanislao Aliaga; Moisés Guzmán de la COB; Oscar Olivera de los fabriles; Willy Cabezas de los prestatarios y Luis Choquetijlla de la COD de Cochabamba. En la segunda reunión de esta nueva organización, Quispe y Morales exigieron la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, más la resolución de 17 demandas sectoriales y políticas que incluían desde el rechazo al ALCA hasta una Ley para las trabajadoras domésticas.

La Iglesia, la Defensora del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos se ofrecieron para facilitar el diálogo entre Morales y el Presidente, pero no como mediadores del conflicto, bajo consignas respectivas: Diálogo sin presión en las carreteras y sin represión, sin llegar a puntos de acuerdo, mientras tanto nuevos muertos en Colomi, 10 uniformados heridos en Shinaota y 11 rentistas fallecidos en un accidente de tránsito entre Oruro y La Paz, agravaban la crisis.

El 25 de enero, luego de tres reuniones presidenciales con Morales, la Comisión de Constitución del Senado comprometió la asistencia de Sánchez de Lozada, Hugo Carvajal (MIR), Moira Paz (MNR), Carlos Sandy (MAS), Gonzalo Chirveches (NFR) y Huáscar Aguilar (ADN) a una reunión con el Estado Mayor del Pueblo para discutir los 17 puntos demandados. La actitud gubernamental de diálogo propiciada desde el parlamento comprometió seriamente el cumplimiento de normas constitucionales sobre representación ciudadana, que ingenuamente minaron su legitimidad.

El domingo 26 de enero por gestiones de la Comisión de Constitución, la Iglesia, Derechos Humanos, la defensora del Pueblo, el dirigente Evo Morales y el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada firmaron un acta de entendimiento en el que se resuelve formar siete mesas de trabajo para tratar temas sobre el gas e hidrocarburos; capitalización; ALCA; tierra y territorio; presupuesto general de la nación; coca y leyes pendientes, mientras la confederación de campesinos liderada por Quispe volvió a desmarcarse de estas mesas de consulta popular, condicionando el desbloqueo al cumplimiento de 72 puntos previamente demandados.

Actores, estrategias y resultados

La estrategia del gobierno era debilitar al MAS pero se vio obligado a reconocer oficialmente al Estado Mayor del Pueblo. Su discurso se centró en la negociación directa del Presidente con Morales y con cinco Comités Cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando que alzaron sus voces molestos con las demandas cocaleras, pero interesados en los temas de las "7 mesas de diálogo". Entretanto, el Parlamento a finales de mes sostenía sesiones que incluyeron "chicotazos" y empujones sin lograr intervenir ni conducir el conflicto.

El desgaste de las instituciones políticas en el mes de enero, el desborde social rural y urbano y la fragmentación de la sociedad civil en múltiples intereses comunitaristas y localistas, trajeron como consecuencia la acentuación de la "crisis política y de la sociedad civil" que se viene gestando desde hace décadas por el abuso de ofertas gubernamentales no cumplidas, por la desobediencia civil a las normas constitucionales y por la multiplicidad de demandas sectoriales que no se basan en esa idea límite e inexistente de "nación" como referente de integración social, política, económica, cultural y territorial. El país es como un tren que no tiene rumbo y cada vagón tiene ideas particularistas de Estado nacional, desde la nación aymara, la nación camba, el sindicalismo cocalero, los territorios indígenas y los múltiples sectores sociales de base urbana. Pero la crisis de enero enseña que la sociedad boliviana no va en camino del colapso total. Los conflictos continúan como si no hubiera pasado nada y las soluciones se están pensando exclusivamente en la arena institucional, cuando lo que se debe impulsar también es la tarea de "reformar la sociedad civil", sus instituciones, sus formas de representación a veces en el campo institucional y a veces en el campo sindical y callejero.