POSICIONES ANTAGÓNICAS EN TORNO A LA COCA

La (re)configuración política fruto de las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 30 de junio 2002 marcaban una notoria polarización socio/política, donde uno de los resultados de esta nueva correlación de fuerzas fue la emergencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) que había posesionado el liderazgo de Evo Morales con una proyección expectable. Este cuadro político condicionó el accionar posterior de los diferentes actores socio/políticos en el curso de los conflictos de enero, veamos:

Por una parte, desde el principio de su gobierno, Sánchez de Lozada tenía el objetivo de neutralizar futuros conflictos de los diversos sectores sociales que demandaban reivindicaciones y al mismo tiempo, evitar conflictos con la oposición política, particularmente con el MAS. Para este propósito el gobierno entre agosto y diciembre del 2002 mantuvo una estrategia preventiva de conflictos sociales, es decir, entabló negociaciones directas con distintos actores sociales entre los cuales destacan los cocaleros, en las cuales participó personalmente el primer mandatario. Sin embargo, estas reuniones por las posiciones antagónicas sólo sirvieron para postergar temporalmente los conflictos.

Por otra parte, el MAS estaba en la disyuntiva de transitar de un liderazgo sectorial focalizado en el tema de la coca a un liderazgo a escala nacional. Este dilema repercutió en su accionar, porque a pesar de la expectativa que despertó a raíz de su nutrida representación parlamentaria, no pudo articular, ni aglutinar las demandas sociales. Frente a esta situación optó por las movilizaciones en las calles y carreteras con los costos políticos que implicó esta decisión.

Radiografía del conflicto

Las movilizaciones de enero se centralizaron en la demanda cocalera. Si bien ésta era una reivindicación sectorial, formaba parte de una estrategia que perseguía la irradiación política del liderazgo nacional de Evo Morales.

El objetivo principal del gobierno en este conflicto estaba orientado a debilitar a Morales mediante un aislamiento político del líder cocalero. El gobierno adoptó dos acciones fundamentales:

Por un lado, negoció con otros sectores sociales en conflicto independientemente de la dirigencia cocalera. Con esta estrategia el gobierno logró de cierta manera desarticular los propósitos del MAS.

Por otro, ocupó militarmente las zonas conflictivas, particularmente el trópico cochabambino para garantizar la viabilidad de las carreteras. Esta decisión, como era previsible, originó enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cocaleros con el saldo de varios muertos. Un dato llamativo de esta táctica de represión fue la diferencia entre la acción policial que se reducía a una labor disuasiva y la acción militar que se orientaba a una lógica de "ocupación militar del territorio" lo que desencadenó enfrentamientos duros.

En cambio, el propósito del MAS era aglutinar a otros sectores en torno a su agenda temática y proyecto de liderazgo nacional. Pero por la indecisión al interior de la dirigencia cocalera presionada por las bases, se asumió el bloqueo de caminos en el trópico cochabambino.

El propósito de irradiar el conflicto fuera del Chapare fue un fiasco para el MAS, porque en ciudades como Cochabamba, por ejemplo, sus dirigentes creyeron tener un masivo apoyo urbano pero no lo consiguieron, debido a la militarización citadina y a la poca influencia en otros sectores, sin embargo consiguieron conformar el Estado Mayor del Pueblo.

Finalmente, el Estado Mayor del Pueblo dio un ultimátum de 48 horas, para la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la República, acompañado por una convocatoria a los bolivianos de parte de Evo Morales "para acabar con la dictadura de Goni" fue un error cometido por el MAS.

Reflexiones en torno a enero

La conclusión indiscutible del conflicto de enero fue que los principales actores en pugna, gobierno y MAS, quedaron debilitados. Si bien el Gobierno impidió que el MAS articule las demandas de otros sectores sociales en torno a su agenda, a cambio de ello perdió su principio de autoridad política ya que en el curso del conflicto se ve presionado a negociar y a ceder en sus posiciones iniciales. Otra secuela negativa para el gobierno fue la pérdida de su legitimidad política que se explica por la acción represiva operada durante el conflicto.

El desgaste gubernamental posterior a los conflictos de enero fue evidente, porque solo logró reconquistar una frágil pacificación. A tal punto, que las proyecciones analíticas de finales de enero, pronosticaban que la pacificación se podría romper en cuestión de semanas. En suma, la fragilidad gubernamental se expresó en la pérdida de autoridad política y su decreciente legitimidad como secuelas inequívocas de los conflictos de enero.

El MAS, por su parte, también perdió porque no consiguió articular las demandas de otros sectores sociales y su imagen se deterioró frente a la opinión pública, esta "derrota" se debe a su acción y a su discurso de cuño maximalista. Los propios dirigentes del MAS reconocen los errores políticos: al respecto el diputado Dionisio Núñez cita entre los deslices del MAS, el adelantamiento en la conformación del Estado Mayor previsto para febrero, las movilizaciones, la escasa diferenciación del MAS con las protestas, el ultimátum contra el Presidente y la falta de socialización de las demandas. Las bases no tenían información adecuada sobre los perjuicios de entrar al ALCA o que el gas se venda (por Chile).

El MAS no logró convertir a Morales en un líder nacional ni en un abanderado de la propuesta antimodelo neoliberal con los cocaleros en la vanguardia. Otra de las explicaciones de la derrota del MAS, fue la pugna interna de este partido en la que se impuso la corriente radical (que respondía en cierta medida a las bases cocaleras) sobre las posiciones conciliadoras. A pesar que en el análisis de los dirigentes del MAS los principales logros fueron el reconocimiento del Estado Mayor del Pueblo y el debate sobre la venta del gas, la vigencia del ALCA o la capitalización. Sin embargo, las mesas de diálogo fueron una salida "simbólica" que asumió el MAS ya que su movilización social se debilitaba porque las conclusiones de las mesas perfiladas en ese momento (finales de enero) no fueron de cumplimiento obligatorio de parte del Gobierno.

Mientras tanto, otros sectores sociales, como es el caso de los jubilados, un sector del Movimiento Sin Tierra, los mineros y la propia COB actuaron con una "lógica pragmática" en la "coyuntura oportuna". Es decir, aprovecharon el momento conflictivo que vivía el país poniendo en la agenda social sus demandas, pero negociaron sectorialmente con el gobierno y lograron en cierta medida sus reivindicaciones sociales.

Finalmente, la evaluación de las jornadas conflictivas constata que el diálogo como un mecanismo efectivo de concertación social se diluyó paulatinamente. El gobierno en su relación con sus interlocutores se debilitó al instrumentalizar políticamente el diálogo para aplacar momentáneamente los conflictos, posponiendo las demandas de la agenda social y no así con una voluntad política ni capacidad de resolver efectivamente los conflictos sociales pendientes.