PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Para sorpresa de los actores sociales y políticos institucionalizados, los acontecimientos de febrero impactaron sobre el sistema político de un modo radical. Fue la reedición del desnudamiento de los límites de la representación que mostraron los resultados electorales de junio del 2002. Sin embargo, algo había cambiado. Este develamiento se produjo en la calle, antesala de aquel lugar donde se forma la opinión pública.

¿En ese lugar hubo cabida para los partidos políticos?, si así fue ¿Qué papel desempeñaron éstos? Estos interrogantes, entre otros, sitúan nuevamente la problemática de la representación en el escenario político a poco más de un mes de las jornadas de febrero. En lo que sigue veamos este novedoso escenario a partir de: 1) la posición de los partidos y movimientos políticos en los conflictos de febrero y 2) de las acciones colectivas respecto de la representación institucionalizada.

De acuerdo a la información hemerográfica son cinco las fuerzas políticas que aparecen a lo largo de las jornadas de febrero: El MNR, el MIR, el MAS, el MIP y la NFR. Paralelamente, son cuatro los espacios, institucionalizados o no, en los que deambuló su accionar: el Gobierno, el Parlamento, el espacio público institucionalizado (medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y el espacio público no institucionalizado (plazas, calles, carreteras, barrios, etc.). El siguiente cuadro resume estos aspectos:

Un primer dato relevante es, sin duda, que ningún partido tuvo una posición unitaria respecto a los conflictos desencadenados por el llamado "impuestazo" y menos de las salidas políticas que se podrían brindar.

En todo caso, si bien las elecciones generales de junio del 2002 abrieron las condiciones para modificar el sistema político en sus variables formales - mediante la inclusión parcial de los movimientos políticos ni los ajustes institucionales ni las condiciones políticas llegaron a tiempo. Estos cambios en las reglas de juego democrático siguen siendo una tarea pendiente y se reflejó en el funcionamiento parlamentario con impresionante contundencia. La sucesiva postergación de las sesiones congresales y el lento tratamiento de la agenda política lo confirmaron. Es más, las enseñanzas de enero señalan que la utilización de las mesas de diálogo como espacios alternativos de discusión de las políticas estatales, pasaron a segundo plano y, las mesas, se voltearon para convertirse en un cuadrilátero sin contendientes aparentes.

Un segundo aspecto fue la limitada capacidad para procesar el conflicto. Mientras el motín policial de febrero cuestionaba el monopolio de la violencia del aparato coercitivo estatal, el desborde social puso en tela de juicio el monopolio legítimo de la violencia simbólica desde su núcleo fundamental: la representación política institucionalizada. De allí surge otra lección, tal vez central, para la dinámica política en Bolivia: el monopolio de lo político por parte de los partidos se reduce a la esfera institucional, que también fue intensamente cuestionada.

La primera consecuencia es que la acción colectiva no solo fue una reacción contra las políticas estatales, sino que puso en tela de juicio, por un instante, todo pacto social, todo contrato democrático representativo.

La segunda consecuencia es que frente al desborde social, lo político ha dejado de ser, definitivamente, el dominio estatal y partidocrático. En los eventos de febrero, la propia red de funcionamiento formal, institucionalizada y disciplinante de las organizaciones de la sociedad civil fue puesta en jaque por los saqueos y robos.

¿Qué tiene que ver esto con los partidos y movimientos políticos? Mucho. Su debilitada y fragmentaria acción en este nuevo escenario, no hizo más que develar la crisis de la institucionalidad publica estatal y la crisis de representación, mediación y liderazgo de los partidos políticos.

Niveles de representación cuestionados

Según los datos con los que contamos, el cuestionamiento político y simbólico de la representación puede resumirse de la siguiente manera:

Puede evidenciarse que prácticamente todas las instituciones que se vinculan con los partidos y movimientos políticos fueron cuestionados por la multitud. Por un lado, la figura presidencial, el gabinete de ministros y los partidos de la coalición y de la oposición fueron en la práctica el blanco del desborde. No sólo la multitud no pudo ser contenida por las organizaciones sociales, sino que varias estas organizaciones actuaron, a su vez, autónomamente respecto del MAS y el MIP.

Por otro lado, emergieron los límites de la dirigencia sindical, de los máximos estratos dirigenciales de los cocaleros y del Estado Mayor del Pueblo. En otros términos, las propias organizaciones que se supone son la otra cara, el otro semblante, de los movimientos políticos, fueron rebasadas por el desborde. A esto se agregaron los propios límites de la representación corporativa que nos lleva a dudar sobre su eficacia para reemplazar a la forma partido o, en su caso, para aceptar una combinación entre ambas que haga frente a la crisis política.

Balance provisional

Salta a la vista que los movimientos políticos quedaron atrapados entre dos fuegos: el de la institucionalidad en la que participan y el de la multitud. Ello abre evidentes signos de incertidumbre relativos a la ampliación formal de la representación ejecutada vía el mecanismo de las elecciones recién pasadas. Pero sobre todo, conduce a preguntarse por el futuro de estos movimientos en la arena política. Los sucesos de febrero mostraron que los movimientos políticos con notable apoyo electoral en junio del 2002 aparecieron como una suerte de apéndice del sistema político que critican; una paradoja que traduce la ambivalencia política en la que se mueven.

Las jornadas de febrero mostraron no solo los errores del gobierno y los limites de las instituciones democráticas, sino que la política en momentos de crisis puede desplazar su centro de gravedad hacia las calles. Finalmente, puesto que la acción de la multitud se presentó como el momento de la crisis política, con capacidad de cuestionar la organización de las relaciones entre Estado-economía y Estado-sociedad civil, surge nuevamente la necesidad de discutir los principios básicos de la organización de la sociedad boliviana. Las calles brindaron, en febrero, el mejor argumento para encausar las reformas constitucionales.