EL "IMPUESTAZO": UNA ESTRATEGIA SIN CONCERTACIÓN

El 8 de febrero, al filo de la medianoche y después de 10 horas de discusión, el Consejo de Ministros presidido por el Presidente de la República, aprobó el proyecto de Ley Financial para la gestión 2003. Los objetivos previstos fueron tres: Primero, masificar el plan "Obras con Empleos" en todo el país a través de la inversión de más de 5.000 millones de bolivianos en 3.000 proyectos. Segundo, beneficiar a las regiones con la ejecución de obras municipales - y en algunos casos nacionales - incrementando 150 millones de bolivianos a los presupuestos de los departamentos y 100 millones de bolivianos a los municipios. Tercero, crear las condiciones de estabilidad económica, de equidad en la distribución de los ingresos, de balance entre ingresos y egresos y, finalmente, manejar rigurosamente el gasto fiscal.

Para cerrar la brecha del déficit fiscal -nudo gordiano del Presupuesto General de la Nación (PGN) el gobierno proyectó la reducción del 10% a los gastos burocráticos de los tres poderes del estado, la reducción en 0,5 por ciento a los impuestos al consumo (IVA) y a las transacciones (IT) y la aplicación de un impuesto directo al salario del 12.5% a los 337 mil contribuyentes que ganan un salario superior a los 881 bolivianos. Para controlar la evasión tributaria, los nuevos impuestos no podrían ser descargados a través de facturas: la deducción sería directa y en efectivo.

Fue una decisión equivocada. La estrategia del gobierno priorizó criterios técnicos y burocráticos, ciertamente influidos por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), en desmedro de una lectura apropiada del contexto social y político del país. Aunque no afectaba directamente a la mayoría de la población boliviana, el nuevo régimen tributario perjudicaba a grupos sociales de importante influencia política como los empresarios, los obreros, los maestros, los profesionales y los empleados del Estado. Tampoco evaluó correctamente su fuerza política para imponer a priori una medida traumática en un escenario atravesado por los conflictos sociales no resueltos en las mesas de diálogo. Finalmente tampoco consideró la crisis de autoridad estatal acumulada durante la anterior gestión gubernamental. En suma, los efectos no buscados por las decisiones gubernamentales - el motín de la policía, entre otros - fueron más importantes que los objetivos deseados.

Niveles de representación cuestionados

El martes 11 de febrero en la madrugada, efectivos de los distritos policiales Nº 2 y 4 de la ciudad de La Paz cerraron sus cuarteles. Nadie patrullaba la ciudad. A las 15.00 se supo que había estallado un motín. Un número indeterminado de jefes, oficiales y suboficiales de la policía se unieron para asumir la extrema medida de presión, que inicialmente giraba en torno al incremento en sus salarios.

Las demandas de los policías abarcaron los siguientes puntos: el incremento salarial del 40%; la elevación del bono alimenticio trimestral; la eliminación de los aportes a la Cooperativa de Vivienda de la Policía (COVIPOL); la devolución de los aportes al Club Litoral; el mejoramiento de la infraestructura; la dotación de colchones, catres, ponchos y equipo policial y el cumplimiento de obligaciones postergadas como la dotación de víveres anuales, uniformes y los sueldos de enero.

Sin embargo, en las horas siguientes, la acción de la Policía se convirtió en una confusa sedición contra el gobierno demandando la anulación del "impuestazo" y la renuncia de algunos ministros.

El Grupo Especial de Seguridad (GES), ubicado en los alrededores de la Plaza Murillo, se convirtió en el cuartel general del motín al cual llegaron efectivos policiales de Tránsito, Bomberos, Brigada de Protección a la Familia, los Pumas (seguridad para el área de Palacio de Gobierno y Poder Legislativo) y representantes de los distritos policiales Nº 3 y 4. Las únicas unidades que trabajaron fueron la PTJ, la FELCN, el PAC y Radio Patrullas 110. Resulta claro que en La Paz y El Alto la medida contó con el respaldo de las unidades más importantes.

En Santa Cruz y Sucre policías de bajo rango decidieron apoyar a sus colegas de La Paz y determinaron acuartelarse y en Cochabamba se solidarizaron con sus camaradas pero sin adoptar medidas de presión.

La reacción tardía del gobierno y la sub valoración del acontecimiento constituyeron grandes errores políticos que precipitaron el uso de la violencia. Aunque el Comandante de la Policía, Gral. Edgar Pardo, actúo como intermediario entre los amotinados y las autoridades, el Ministro de Gobierno, Alberto Gasser expresó contundentemente la posición oficial: No se negocia bajo presión. En la mañana del 12 de febrero, el Viceministro José Luis Harb, declaró que en la Policía todo está en calma.

El 12 de febrero se desencadenó el peor escenario posible. Alrededor de las 10.00, una marcha de policías ingresó a la plaza Murillo. A las 11.30 estudiantes del Colegio Ayacucho lanzaron piedras contra el Palacio Quemado y fueron aplaudidos por los policías que manifestaban en los alrededores. Los militares que se hallaban dentro de Palacio salieron a los balcones para lanzar gases y fueron replicados también con gases desde el GES. Poco después de las 12.00 empezó el enfrentamiento armado. Un contingente de aproximadamente 1.000 militares armados con fusiles FAL, M-16, lanzacohetes, ametralladoras, revólveres, lanzagases, carros de asalto y vehículos livianos ingresaron desde la calle Ayacucho hasta la Plaza Murillo y lanzaron gases hacia el interior del edificio del GES.

Aunque el mayor David Vargas, el jefe de la Casa Militar, general Hugo Tellería Gutiérrez y el Ministro de Defensa, Freddy Teodovic, intentaron negociar una tregua, militares y policías comenzaron a intercambiar disparos.

Así comenzó el combate por el control de la plaza Murillo. En algunos edificios se apostaron militares que dispararon contra los policías que se hallaban en el techo de la Cancillería. Allá cayeron los primeros muertos. Según un periódico, varios francotiradores del Ejercito tomaron los techos del Palacio de Gobierno, el Congreso y la misma Catedral Metropolitana para disparar a los policías y a eventuales transeúntes. En la esquina formada por las calles Colón y Comercio empezaron a caer policías con impactos de bala; por su parte, los amotinados hicieron fuego desde los techos contra los militares que custodiaban el Palacio Quemado.

A las 15.00, a través de un mensaje televisivo, el Presidente anunció el retiro del proyecto de Ley Financial y ordenó replegarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía. No obstante, los disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos recién cesaron a las 18.00.

Once policías y cuatro militares fallecieron y se reportaron 60 heridos. Nos mataron como a perros, dijo un policía en Santa Cruz al día siguiente La mayoría de los heridos y los muertos que fueron trasladados de la plaza Murillo al Hospital de Clínicas de La Paz, tenían heridas en la cabeza, el cuello o en las extremidades inferiores. Este tipo de heridas fueron causadas por balas de guerra disparadas aparentemente por francotiradores. No obstante, el Ministro de Defensa negó que el Ejercito haya empleado ese cobarde recurso.

Entrada la noche un grupo de policías, liderados por el mayor David Vargas y los responsables de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías, entró en contacto con miembros del gabinete para negociar el pliego petitorio. Después de una reunión que duró más de nueve horas, los amotinados obtuvieron un acuerdo cuyos puntos más importantes fueron: un bono mensual de seguridad ciudadana de 250 Bs, la suspensión de aportes obligatorios del 12% a COVIPOL, indemnizaciones de 10.000 $us por cada policía muerto, la entrega de equipo, uniformes y la construcción de nuevos ambientes policiales. Las unidades policiales recién aceptaron el convenio al día siguiente.

El Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada transmitió otro mensaje para reflexionar sobre el esfuerzo claro que hubo para desestabilizar la democracia. Habló de un plan para derrocarlo y asesinarlo. En la misma vena, en una conferencia de prensa el Vicepresidente Carlos Mesa atribuyó los hechos al pandillerismo político y agregó que todo enlaza dentro de una estrategia.

La acción de la policía no fue obra y fruto del azar. Durante la Guerra del Agua, en abril del 2000, se produjo una situación parecida: los policías lograron un importante incremento salarial aprovechando un escenario de conflicto social que acrecentó su poder de negociación. A fines de enero del 2003 oficiales y suboficiales de la institución policial plantearon públicamente algunas demandas gremiales. Otro elemento importante en la organización del motín es la fortaleza de sus organizaciones gremiales y corporativas. Según el Mayor Vargas, líder del movimiento y presidente de la Corporación Multiactiva Policial, la presencia de un grupo generacional de oficiales con estudios superiores fue clave para concientizar a sus camaradas y organizar el motín. Estos hechos muestran que hubo una intencionalidad y una estrategia, aunque nadie calculó el desenlace armado.

El desborde social

Entre las 17.30 y las 00.30 del 13 de febrero, las ciudades de La Paz y el Alto vivieron otro escenario de guerra civil. El resultado fue trágico: 15 personas murieron y al menos 134 fueron heridas, entre civiles y personal médico. El enfrentamiento entre policías y militares, apaciguado al final de la tarde, fue sustituido por otro tipo de violencia, protagonizada por una multitud de personas que inicialmente presenciaban el combate militar sin intervenir directamente. Paulatinamente, los grupos formados en los alrededores de la plaza Murillo empezaron a actuar según una lógica propia.

Los incendios y saqueos comenzaron aproximadamente a las 17.00 horas, cuando un grupo de personas atacó e incendió el edificio del Ministerio de Trabajo; poco después fueron incendiados los edificios de la Vicepresidencia, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Tribunal Militar, la Corte Superior de Justicia y las sedes del MNR, el MIR y la UCS. El canal estatal fue tomado por manifestantes quienes también apedrearon la red Bolivisión. La multitud se apoderó de las calles del centro de La Paz.

Durante la noche la multitud asaltó decenas de comercios y empresas privadas. La furia colectiva que inicialmente se estrelló contra edificios públicos se transformó en robo y saqueo de locales comerciales y empresas privadas. Los blancos más importantes fueron la Cervecería Boliviana Nacional, la tienda de juguetes Ismar, los cajeros automáticos de las calles Comercio, Mariscal Santa Cruz y Sagárnaga, tres sucursales de la tienda de calzados Bata y locales de comida como Marbella's, Burger King y el Café Ciudad. Después de las 23:00 horas los saqueos se extendieron a toda la ciudad de La Paz afectando tiendas de artesanías cercanas a la Plaza San Francisco, comercios de la Uyustus, una sucursal del BancoSol en la calle América, tiendas en la populosa zona de Gran Poder y algunas agencias de los bancos Santa Cruz, Solidario, Mercantil, Unión, de Crédito y Económico. Los vecinos de las calles comerciales estuvieron en vigilia por más de 24 horas y en algunos lugares se produjeron combates con los saqueadores.

En El Alto el desborde de la multitud fue tan o más intenso que en el centro de La Paz. Los objetivos fueron las oficinas públicas, comercios y empresas privadas. La Alcaldía fue saqueada e incendiada y 4 vehículos oficiales fueron quemados. El Alcalde de El Alto, José Luis Paredes, dijo que los vándalos eran universitarios de la UPEA [Universidad Pública de El Alto] y pandilleros. Entidades financieras de la avenida 6 de Marzo y de las oficinas de Aguas del Illimani, Electropaz y de Toll S.A. fueron asaltadas. La fábrica de gaseosas Embol, instalada en Río Seco dejó 3 muertos y cuatro heridos después de un asedio de más de 4 horas.

En Oruro y Cochabamba también se produjeron desbordes. El centro de Oruro fue ocupado por mineros, rentistas y decenas de jóvenes que reventaron cachorros de dinamita en la Prefectura, la sede de los partidos MNR y UCS y la brigada parlamentaria. En Cochabamba la violencia comenzó después de una masiva marcha y concentración de protesta contra el "impuestazo" que comenzó a las 10.00 horas y se prolongó con bloqueos de las calles céntricas. Los puentes de la ciudad amanecieron militarizados. Decenas de jóvenes intentaron tomar la Prefectura pero fueron reprimidos. Recién a las 14.00 aparecieron efectivos del ejército y ocuparon la Plaza Principal para impedir el ingreso de los manifestantes, que se ubicaron en las cuatro esquinas desde donde los hostigaron. Los soldados se limitaron a defenderse de las piedras que eran lanzadas por los grupos de manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios. Grupos de jóvenes asaltaron la tienda Bata de la plaza principal y la mueblería Maderman mientras otro grupo numeroso saqueó e incendio la sede del MNR e intentó saquear la sede el MIR. Las oficinas del grupo Sánchez Berzaín también fueron saqueadas.

El jueves 13 de febrero nuevos elementos se introdujeron al conflicto. Mientras los tanques de guerra del Regimiento Tarapacá se instalaron en la Plaza Murillo para proteger el Palacio de Gobierno. Una masiva concentración de la COB pidió la renuncia del Presidente. Diversos sectores sociales y políticos, incluyendo al MAS y al MIP, se reunieron en la Plaza San Francisco para expresar su rechazo a la política económica y social del Gobierno. Sin embargo, las manifestaciones no fueron violentas. El objetivo de la movilización fue la renuncia del Gonzalo Sánchez de Lozada. Pese a las diferencias que tenemos, campesinos, mineros y trabajadores nos encontramos unidos hoy para derrotar a este gobierno vende patria, señaló en su discurso el líder del MAS, Evo Morales. Saturnino Mallcu, Ejecutivo de la COB, manifestó que Este Gobierno ha demostrado su incapacidad para atender las demandas sociales, por lo que debe irse. Algunos grupos radicales del magisterio llamaron a Derrocar al Gobierno asesino con las armas en la mano, para instaurar nuestro propio Gobierno. En otro frente, los cocaleros bloquearon la carretera Cochabamba- Santa Cruz. La medida de presión se realizó en varios tramos del camino, lo que originó que los militares del Cuartel de Chimoré y de la Novena División del Ejército procedan a desbloquear la vía desde las primeras horas con el saldo de un campesino muerto y 4 heridos. Las movilizaciones del 13 de febrero, superpuestas y acaso confundidas con las acciones de los días precedentes, fueron organizadas por los partidos y organizaciones sociales opositoras con la intención de reconducir políticamente el conflicto, ensamblando la dispersión de demandas sociales en torno la renuncia del Presidente. No obstante, el acuerdo entre el gobierno y los policías y el retiro del proyecto de la Ley Financial impidieron la profundización de la crisis y la consigna de renuncia no prosperó.

En los aciagos días de febrero se yuxtapusieron y se combinaron distintas formas de violencia. Primero, la violencia empleada por los militares para contener el motín policial tuvo una naturaleza táctica y formó parte de una reacción defensiva del gobierno para asegurar el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, la peligrosa militarización de los conflictos sociales, que ya se puso en evidencia en los bloqueos de enero, hacen pensar que el gobierno ha privilegiado una estrategia de contención militar para neutralizar las acciones directas de los actores colectivos en detrimento de una estrategia de concertación social que aparentemente pondría en riesgo su proyecto político y económico.

Segundo, el motín de la policía y el recurso a las armas reveló, por una parte, la ruptura de las cadenas de mando y obediencia en el seno de las instituciones estatales (crisis de autoridad) y, por otra parte, la emergencia de una forma de acción colectiva estratégica que utilizó una gama de recursos - la violencia, eventualmente - para lograr sus reivindicaciones en una coyuntura crítica, que tenía la virtud de potenciar su capacidad de presión.

Tercero, la violencia de la multitud tuvo un carácter desorganizado o descentralizado y combinó acciones simbólicas de desobediencia al Estado, expresadas en el saqueo e incendio de instituciones públicas y oficinas de los partidos de la coalición, con actos de saqueo y robo a la propiedad privada. La violencia social es muy compleja. Ella puede expresar tanto la ineficacia de un sistema normativo y de un orden simbólico, aquel construido en Bolivia desde 1985, como el debilitamiento del lazo social. En todo caso, el desborde de la multitud en febrero no fue una insurrección popular organizada para trastocar un orden estatal como en abril de 1952. No fue obra de una voluntad política centralizada que converge en un proyecto estatal alternativo, sino el resultado de una pluralidad de voluntades e intereses sociales que reflejaron la fragmentación de la sociedad y que se manifestaron en el curso de un momento político inédito - caracterizado por el vacío de autoridad - con la brevedad pero también con la intensidad de un relámpago.