CRISIS INSTITUCIONAL DEL ESTADO

Inmediatamente después del 13 de febrero, el Gobierno se abocó a tratar de apaciguar la situación de desborde social y motín policial empezando por intentar cerrar el frente que se había abierto con la Policía. El día 13 firmó un acuerdo con la institución del "orden" logrando, al menos en lo inmediato, calmar el estado de sublevación en el que se encontraba esa institución.

En un intento de "explicar" lo ocurrido, Sánchez de Lozada sostuvo que los luctuosos días de febrero tuvieron como su causa fundamental un intento de golpe de Estado que habría comprendido incluso el asesinato del Presidente. No hizo acusaciones directas e invitó a la OEA a que investigue lo ocurrido el 12 y 13 de febrero. Esta afirmación fue percibida por la sociedad civil con escepticismo, en muchos casos con el convencimiento de que se trataba de una maniobra distractiva que diluía la necesaria investigación sobre los hechos y también con cierta pesadumbre, pues mostraba que no se comprendía o no se quería comprender la dimensión y significado de lo ocurrido.

Ante la enorme exigencia social de realizar cambios, el Gobierno planteó la reestructuración del ejecutivo con la remoción de Ministros, la reducción de Ministerios y la disminución de los gastos del aparato de Gobierno. Este proceso que debía realizarse con premura fue demorado y varias veces postergado en una muestra de que al interior de la coalición se había desatado una "pelea" de espacios y de "pegas" que nuevamente deslegitimó a la clase política. Finalmente, cuando se produjo el cambio de gabinete, la desazón fue grande porque se pudo observar que, en definitiva, no existían cambios significativos y que el Gobierno no había modificado sustancialmente el rumbo.

Ante la imposibilidad de aplicar el "impuestazo" como forma de reducir el déficit fiscal, una de las exigencias urgentes del FMI, el Gobierno negoció con este organismo un porcentaje menor de disminución del déficit y trató de buscar apoyo económico en la Unión Europea. Si bien logró que el FMI acepte su solicitud, el apoyo económico de la U.E. y otros países es aún incierto, manteniéndose una gran incógnita en cuanto a qué tipo de medidas económicas se habrán de implementar en el futuro.

En todo este proceso el Gobierno tuvo también dificultades en su frente interno, en la propia coalición de Gobierno, debido a que se presentaron posiciones disidentes en cuanto a las salidas económicas, fundamentalmente de parte del MIR y a que también se dieron situaciones de conflicto y pugna por los cambios en el ejecutivo y en la disminución de Ministerios y Vice-ministerios. Estas pugnas fueron percibidas como simples peleas por espacios de poder y por "pegas" en completa desproporción con el drama vivido por el país.

En el Parlamento la oposición trató de sentar al Gobierno en el banquillo de los acusados y éste se esforzó por anular a la oposición y lograr la aprobación de la Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo (LOPE) y el PGN, instrumentos que requería con urgencia para las tareas de Gobierno. De esta manera se contribuyó a que el Parlamento que había "desaparecido de escena" durante las crisis de enero y febrero, constituya una de las instancias más inoperantes de esta coyuntura. El tratamiento de los proyectos de ley y las interpelaciones a los ministros se realizaron en sesiones borrascosas, llenas de incidentes y que no llegaron a nada. El oficialismo durante el mes de febrero, no logró hacer aprobar ni la LOPE ni el PGN, la oposición no logró la censura de ningún ministro. El Parlamento apareció solamente como el lugar de choque entre el Gobierno y la oposición proyectando la imagen de que no es un espacio donde se buscan soluciones a la dramática crisis del país, sino un lugar para el "ajuste de cuentas" por parte de la oposición y para "anular a los contrarios" por parte del oficialismo.

La Policía luego de los días álgidos de febrero, continuó con su presión sobre las instancias de Gobierno, exigiendo que se cumplan los acuerdos firmados el 13 de febrero. Logró que se mantenga sin cambios a su Alto Mando y evitó cualquier tipo de sanciones a sus miembros. De todas formas, en su seno persistió el malestar, tanto por las bajas sufridas en los enfrentamientos con las FFAA, como por la permanencia de grupos disidentes, entre los más conocidos los dirigidos por el Sub Oficial Cahuana y por el Mayor Vargas.

Las Fuerzas Armadas mantuvieron un perfil mucho más bajo, casi desapareciendo de la escena, evitando entrar en polémicas, pese a las acusaciones de diversos sectores por su actuación en la represión del alzamiento.

En marzo el Gobierno trató paulatinamente aunque aún de manera débil, de salir de su posición "defensiva - reactiva" que había sido la dominante inmediatamente después de los acontecimientos de mediados de febrero.

Logró establecer, aunque de manera muy frágil una cierta "calma" al interior de la coalición de Gobierno, donde solamente el MBL planteó ciertas disidencias que, finalmente en abril, van a llevarlo a dejar el Gobierno. Sin embargo, se trata de una "calma muy precaria" pues existen tensiones latentes entre sus componentes, incluso del Gobierno con el propio MNR, donde Sánchez Berzaín, que sale del Gabinete en febrero, ha establecido su trinchera.

Con la sociedad civil, hay también una cierta modificación del discurso. Luego de una primera etapa en la que se intentó explicar lo ocurrido haciendo referencia a un intento de golpe de Estado incluyendo el magnicidio, el Gobierno aceptó su fracaso hasta el momento, pero señalando que solamente ha "perdido el primer tiempo" y que va a "ganar el partido". Planteó nuevamente el diálogo y reinició las mesas de negociación con diferentes sectores, que habían sido interrumpidas por los acontecimientos de febrero. Sin embargo, la lentitud de estas instancias y la falta de resultados concretos despiertan dudas sobre si serán instrumentos eficaces o solamente recursos dilatorios y distractivos. De todas formas, la sociedad civil parece haberle otorgado al Gobierno una especie de compás de espera.

En relación con el Parlamento, el Gobierno amenazó que si no se aprueban la LOPE y el PGN, finalmente "va a gobernar con Decretos". Más que una fortaleza del Gobierno, este endurecimiento expresa la debilidad del Parlamento y el grado de crisis institucional al que ha llegado. Esta grave situación pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático, ya de por sí profundamente afectado. Durante marzo, el Congreso continuó sumido en la inoperancia. Se caracterizó nuevamente por sesiones improductivas y borrascosas. Apenas logró aprobar en Diputados la LOPE, pasándola al Senado, cuando concluyó sus sesiones ordinarias. Los mismos parlamentarios han reconocido que se trata de uno de los Congresos más improductivos de los últimos años.

Con la Policía se presentó una situación de "calma muy frágil". Se logró que retorne al orden pero mediante concesiones que van desde la entrega de colchones y frazadas hasta los compromisos de construir distritos policiales, centros médicos o la ampliación de edificios policiales. En su seno siguen existiendo grupos deliberativos y contestatarios (se dice que serían al menos seis) que gozan del respaldo de oficiales, suboficiales y tropa. De hecho el 26 de marzo, el Mayor Vargas se pronunció públicamente en contra de la salida del gas por Chile y planteó un nuevo pliego petitorio. Si bien esta vez se dispuso su procesamiento, han existido pronunciamientos al interior de la institución en su defensa.

Las FFAA continúan con su perfil bajo, evitando cualquier "aparición pública". El Gobierno ha defendido a la institución y no ha dado pie a ninguna denuncia o acción en contra de ella. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en su seno también existen grupos deliberativos (se habla de tres), de hecho el 26 de marzo el Mayor Ugarte firma, conjuntamente con el Mayor Vargas de la Policía un manifiesto público. Inmediatamente fue separado de las FFAA y pasado a proceso. Si bien estos grupos no parecen tener mucha fuerza y arraigo dentro de la institución, no sabemos cómo evolucionarán en el futuro.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la crisis de febrero tuvo su origen en una medida tendiente a disminuir el déficit fiscal y aún no hay signos de solución a este problema. Hasta ahora las reacciones del Gobierno frente a los acontecimientos de febrero han sido exclusivamente políticas, prebendalistas, dilatorias y distractivas, de muy corto plazo y con resultados tremendamente precarios. Pese a las dramáticas demandas sociales no se ven signos de cambio y de comenzar a andar nuevos rumbos. El Parlamento aparece tremendamente deteriorado y su crisis amenaza profundamente al sistema democrático. La Policía se encuentra sumida en una peligrosa crisis. En ese contexto, solo las FFAA aparecen como el sostén más importante del Gobierno y del Estado.