EL INSTRUMENTALISMO PARTIDARIO

Los conflictos del 12 y 13 de febrero revelaron una vez más, el agudo proceso de crisis por el que atraviesan los partidos políticos en relación con sus funciones de representación y mediación, - pero también en su capacidad propositiva y de conducción política - y aunque sostienen haber aprendido una importante lección como producto de estos acontecimientos, persisten en la reproducción de comportamientos que acentúan su deterioro.

Si bien después de los sucesos de febrero, la primera reacción de los partidos de la coalición gubernamental fue la de apoyar las medidas de austeridad planteadas por el Presidente, cuando se produjo la crisis de gabinete, emergieron disputas internas e intereses particulares. Así, el nuevo gabinete es expresión de la reproducción de los juegos de poder de los partidos para preservar sus espacios en el gobierno. A esta lógica también responde la presencia de la UCS en el gabinete y los cuestionamientos del MBL respecto a su permanencia como socio de la coalición. En todo caso, expresan el predominio de una cultura política instrumental que antepone intereses particulares a los objetivos colectivos de lo político orientados a la búsqueda del bien común.

Otra de las actitudes que se manifiesta después de los enfrentamientos, es el surgimiento de discursos críticos y alternativos al interior de la coalición. Es el caso de Jaime Paz Zamora que, desmarcándose de la línea del discurso presidencial, retomó algunos temas de su propio programa de campaña referidos a la necesidad de revisar la capitalización o a la defensa de los recursos naturales y la economía nacional, debilitando aún más la ya desgastada coalición gobernante.

Pero, los discursos alternativos y críticos surgieron también desde el interior de los partidos de la coalición, cuestionando las políticas estatales y la actitud de sus dirigentes. Por ejemplo, en el MNR, emergieron al menos cuatro tendencias políticas identificadas con líderes intermedios de ese partido y en el caso del MIR, afloraron discursos que refuerzan o amplían posiciones críticas que ya se habían manifestado con anterioridad, como el caso de Doria Medina. Resulta que uno de los factores más vulnerables de la actual crisis político institucional del Estado, reside precisamente, en el comportamiento de los partidos políticos que después de casi veinte años de vigencia de la democracia, mantienen sus anquilosadas estructuras partidistas en torno a liderazgos caudillistas insustituibles y sus entornos de poder, impidiendo cualquier posibilidad de renovación e institucionalización. Del mismo modo, en su paso por la gestión pública han propiciado, en muchos casos, actos de prebendalismo, patrimonialismo y corrupción. Esta forma de hacer política ha sido cuestionada por las dirigencias intermedias de los partidos gobernantes, pero en los hechos y a pesar de que estos discursos revelan una importante autocrítica y la necesidad de un cambio, no han logrado plasmarse ni en las políticas gubernamentales, ni en un cambio de actitud y comportamiento de los liderazgos.

Por su parte, los principales partidos de oposición han utilizado la coyuntura crítica para potenciar sus posiciones particulares capitalizando los errores y debilidades del oficialismo. En sus distintos discursos han esgrimido la incapacidad del gobierno, su inoperancia e inconsistencia. En ese sentido, en su acción política desde el Parlamento, han descalificado sus iniciativas y han impulsado un juicio de responsabilidades y una serie de impugnaciones contra los ministros involucrados en la masacre de febrero. El eje de su discurso político, sin embargo ha sido la insistente demanda de renuncia del Presidente.

Sin embargo, entre los dos más importantes partidos de oposición existen diferencias sustanciales. La NFR, durante e inmediatamente después del desborde de febrero, asume el protagonismo indiscutible de su líder bajo la autopercepción de que si Manfred hubiese tenido la oportunidad de llegar a la presidencia, nada de esto hubiera ocurrido; en ese sentido retoma nuevamente sus impugnaciones ante la Corte Nacional Electoral por fraude en las últimas elecciones y recupera elementos de su discurso electoral.

En tanto que, el MAS persiste en una posición ambigua entre su rol político institucional y sindical cocalero. Desde el parlamento, protagoniza una oposición política radical y cuestiona las bases del actual modelo económico y político, evaluando la crisis como de Estado, de estructura y de modelo. En ese sentido propone la conformación de una Asamblea Constituyente Popular de Naciones Originarias para, desde ahí y con la participación efectiva del pueblo, cambiar el rumbo de las políticas nacionales. Sin embargo, en el ejercicio de su rol sindical cocalero, propone volver a las mesas de diálogo y negociación sectorial, soslayando los sucesos del 12 y 13 de febrero consciente que las movilizaciones, bloqueos y marchas cansan y provocan pérdidas humanas, priorizando claramente los intereses de sus bases sindicales.

Finalmente, el líder del MIP, que al mismo tiempo también ejerce como dirigente sindical, aprovechó la situación para presionar al gobierno y obtener beneficios para su sector y si bien no se involucró directamente en los acontecimientos de febrero, mantuvo un discurso de oposición radical, censuró los actos de represión y las tibias medidas asumidas por el Presidente y sostuvo que con las lecciones de febrero el gobierno está menos alzado. Finalmente manifestó su molestia ante la actitud gubernamental de atender las demandas de sectores como la Policía y las Fuerzas Armadas y no así de los campesinos, porque que ellos tienen armas y nosotros no.

En definitiva, tanto los partidos de la coalición gobernante como de la oposición, continúan reproduciendo una cultura política instrumental que prioriza lógicas e intereses particulares y carece de capacidad para comprometerse y generar propuestas políticas integrales y renovadoras.

Alta dispersión y fragmentación social

Resulta que, en los enfrentamientos del 12 y 13 de febrero, se pasaron por alto los problemas previamente existentes en el país. Por tanto, después de esos sucesos las demandas y medidas de presión de los distintos sectores sociales son progresivamente retomadas cual si no hubiese pasado nada; puesto que no se observa un cambio ni en los objetivos y estrategias de los sectores sociales, ni en la actitud del gobierno, que continúa con la racionalidad de dialogar pero sin resolver efectivamente los problemas.

Así, los cocaleros que se habían mantenido vigilantes durante el enfrentamiento, vuelven a la mesa de negociación y a las marchas de protesta, retomando los acuerdos preliminares con el gobierno y solicitando esta vez un diálogo de "alto nivel". Sin embargo, el posible punto de negociación basado en la mantención de medio cato de coca mientras se realice un estudio definitivo sobre el tema, llegó a un punto muerto ante la presión de la embajada norteamericana y la posición del gobierno de no negociar y, más bien, establecer un nuevo plazo de 30 días para buscar soluciones alternativas. Consecuentemente, se produjo una ruptura del diálogo y los conflictos vuelven, esta vez, con otro tipo de medidas de presión como los asaltos a las sedes de desarrollo alternativo en el trópico o, pese a todo, la decisión de seguir sembrando coca en el Chapare. Esta situación denota un total estancamiento en la negociación.

Por su parte, los trabajadores en salud, retomaron su demanda de aumento salarial del 25% y la otorgación de bonos y mejoras económicas para su sector, propiciando una serie de medidas de presión y movilización sectorial. También el magisterio, que había iniciado medidas de presión antes del enfrentamiento, retomó con fuerza sus demandas de incremento salarial, auditoria a la Reforma educativa y beneficios para su sector a través de un paro de actividades y movilizaciones callejeras. A ellos se sumaron algunos otros sectores como los desocupados y otros actores sindicales como los jubilados que irrumpen permanentemente en el escenario con demandas aisladas y sin mayor alcance colectivo que el de la resolución de sus propias reivindicaciones, denotando una alta fragmentación y sectorialización de los conflictos.

Finalmente, los sectores empresariales que después del 12 y 13 demandaron al gobierno la definición de sus políticas económicas y la reactivación, también adoptaron posiciones divergentes. Mientras desde su Confederación asumieron una actitud crítica y de censura al gobierno, reuniéndose inclusive con sectores de la oposición política, algunas de sus Federaciones como la cochabambina, intentaron más bien consensuar con el Presidente algunas propuestas de salida a la crisis.

El único punto de convergencia de algunos de estos sectores después de los conflictos del 12 y 13 fue la demanda de renuncia del Presidente, pero sin generar al mismo tiempo, una propuesta política y social colectiva que implique una salida democrática y efectiva a la crisis.

Las entidades que, de alguna manera, intentaron aglutinar las demandas sectoriales o pretendieron plasmar un objetivo político a partir de las movilizaciones de la sociedad civil son, por una parte la Central Obrera Boliviana que desde hace dos décadas atraviesa por un agudo proceso de declinamiento y por otra, el Estado Mayor del Pueblo que no termina de constituirse en un actor colectivo. De esa manera, si bien la COB reaccionó inmediatamente después de los enfrentamientos convocando a un paro de 48 horas en contra del modelo económico, no logró un impacto a nivel nacional y más bien reveló su desgaste y desarticulación interna.

Es el caso también de la CSUTCB, actualmente desgastada y fraccionada, que se limitó a demostrar su disconformidad por la entrega parcial de tractores y se pronunció contra la posible eliminación del Ministerio de Asuntos Campesinos. Argumentaron que esa cartera se creó con luchas que costaron sangre, muerte, heridos, viudas y huérfanos... este ministerio es de los campesinos indígenas originarios, por ello estamos en pie de lucha y no permitiremos la supresión. Esta racionalidad demuestra pragmatismo y sectorialismo en su acción y discurso.

Por otra parte, los enfrentamientos dieron origen a una nueva organización, la Asociación de Víctimas de la Masacre del 12 y 13, que solicitó un sueldo vitalicio y la destitución del Ministro Carlos Sánchez Berzaín. Este sector, ante la displicencia gubernamental, semanas después realizó una huelga de hambre en el Parlamento pidiendo atención a sus demandas.

En tanto que, la multitud que protagonizó las jornadas de febrero se diluyó en una masa anónima, amorfa y teñida de vandalismo y violencia, sin conducción ni sentido político, pero que sin embargo, permanece latente hasta que una nueva coyuntura, le permita arremeter contra una estructura social y un Estado, en el que no se siente incluida y menos representada.

En síntesis, nos encontramos ante una sociedad civil altamente dispersa, fragmentada y sin capacidad proactiva para generar espacios de debate, consenso y posibles propuestas de reversión de la crisis. Una sociedad civil simplemente centrada en la resolución de sus reivindicaciones particulares.

Para terminar, no se puede dejar de considerar el rol de las entidades mediadoras y los intentos de diálogo que se realizan entre sectores sociales y el gobierno para buscar alternativas a la crisis. Por una parte, la constitución de las siete mesas de trabajo instaladas en enero con la participación de representantes del gobierno y los sectores sociales sobre los temas que más preocupan al país como el gas, el ALCA o el problema de la tierra, pero que no demuestran avances significativos. Esta inoperancia refuerza la desconfianza en este tipo de mecanismos de negociación y su consecuente desgaste.

Por otra parte, entidades mediadoras como la Iglesia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, después del conflicto han intentado organizar pactos o cumbres sociales para lograr consensos, pero hasta ahora, han tenido muy poca receptividad en los sectores sociales y, tal como están planteadas, no prometen resultados positivos y verificables. El problema es que, ante la ausencia de alternativas, han comenzado a tomar fuerza iniciativas autoritarias como posibles salidas a la crisis.

Probablemente más que nunca, es necesario imaginar nuevas estrategias de consenso que garanticen el proceso democrático y al mismo tiempo que impliquen avances colectivos en la construcción de alternativas.

Ante la crisis de representación y mediación de los partidos políticos, la sociedad civil ha optado por estrategias de auto representación pero que, como pudimos constatar, no logran romper los límites de su asilamiento y su visión parcial de la realidad. La sociedad civil es, por naturaleza, una pluralidad conflictiva y dispersa pero también es definida como un escenario de escenarios. En esa medida se constituye en una esfera pública o espacio de la vida social en que los actores colectivos expresan sus intereses y valores. Es acción colectiva, concurrencia de solidaridades y procesos de comunicación que logran incidir en el sistema de decisiones, en el marco de un orden legal o reglas del juego compartidas.

El problema es que, en nuestro caso, ante la inoperancia del sistema institucional y sus mecanismos, estas restricciones normativas son normalmente rebasadas por los actores de la sociedad civil, es decir, parecería que se ha generalizado la desobediencia civil como parte de la cultura política, como lo demuestra fehacientemente el desborde de la multitud durante el 12 y 13 de febrero. Pero al mismo tiempo, se expresa en el retorno fragmentado y disperso a las reivindicaciones y estrategias sectoriales y en cierto modo pragmáticas, propiciadas por los actores sociales y demuestra la ausencia de una visión colectiva de sociedad civil como espacio público o como construcción de comunidad.

Por tanto será necesario replantear este desencuentro entre lo social y lo político, así como redefinir los mecanismos institucionales democráticos que permitan su acercamiento e interrelación.