CONCLUSIONES

Para comprender la naturaleza y los alcances tanto de la crisis política como del proceso de fragmentación social - rasgos centrales de la coyuntura - es necesario, en un primer momento, sacar conclusiones sobre las estrategias y las posiciones de los principales actores durante los conflictos de enero y febrero del 2003.

El gobierno cometió graves errores políticos tácticos que en vez de neutralizar los conflictos contribuyeron a profundizarlos. Primero, el recurso del diálogo fue empleado de una manera instrumental sin solucionar los problemas de fondo y, sobre todo, sin reconocer las razones de los sectores sociales. Segundo, en un marco de extrema conflictividad, agudizado por el fracaso del diálogo, el gobierno intentó imponer medidas financieras traumáticas, sin concertar con los grupos sociales afectados y, por tanto, sin contar con respaldo político. Tercero, la decisión de militarizar los conflictos precipitó la violencia con un alto costo de vidas humanas y aisló políticamente al gobierno hasta tal punto que el ejército es la única institución que sustentó al gobierno y al Estado boliviano. Algo más: los errores no fueron contingentes, sino la consecuencia de una estrategia política construida sobre una premisa falsa, asimilar las actuales condiciones del ejercicio del poder en Bolivia con el contexto político favorable que rodeó al primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La valoración incorrecta de la correlación de fuerzas y de las condiciones actuales incidió negativamente en las decisiones adoptadas. Finalmente, a pesar de los acontecimientos de enero y febrero, el Presidente y sus ministros hasta la fecha no han dado mensajes fuertes y claros de un cambio de estrategia, incrementando la incertidumbre sobre el futuro político del país.

El motín de la policía formó parte de una acción colectiva estratégica para lograr reivindicaciones sectoriales, particularmente el aumento de salarios. Los policías eligieron deliberadamente un momento político conflictivo para desplegar sus demandas porque ese contexto incrementó su poder de presión y negociación. Sin embargo, su acción reivindicativa se convirtió en un confuso movimiento sedicioso en contra del gobierno cuando atacaron el Palacio Quemado. Este hecho reveló una profunda crisis de autoridad en el corazón del Estado y se manifestó en la ruptura de las cadenas de mando y obediencia.

Las posiciones de los partidos políticos, tanto de la coalición como de la oposición, durante los conflictos de enero y febrero reprodujeron una cultura política instrumental y pragmática que priorizó lógicas e intereses particulares y careció de la capacidad de comprometerse y generar propuestas políticas integrales y renovadoras.

El Parlamento fue rebasado por los acontecimientos y demostró, una vez más, sus grandes limitaciones prácticas para representar los intereses de la sociedad civil y para mediar en los conflictos sociales, reduciendo su acción a las disputas tácticas entre los partidos de la coalición y la oposición.

El desborde social tuvo un carácter desorganizado y combinó acciones simbólicas de desobediencia al Estado, expresadas en el saqueo e incendio de instituciones públicas y oficinas de los partidos de la coalición y robo a la propiedad privada. La violencia de la multitud expresó tanto la ineficacia del sistema normativo y de un orden simbólico como una pluralidad inédita de voluntades e intereses sociales que no convergieron en un proyecto estatal alternativo. Expresó también el rechazo desorganizado y simbólico a la falta de capacidad de las instituciones y partidos para dar respuestas a las profundas necesidades sociales.

En todo caso, la evaluación del desempeño de los protagonistas tanto sociales como políticos no puede hacerse sin un breve análisis del patrón básico de conflicto, enfrentamiento y resolución en la sociedad boliviana que encierra una doble tensión: por una parte, el tiempo político que vincula a las dinámicas político-institucionales (Gobierno, partidos políticos, etc) tiende a desplazar hacia delante los conflictos mediante el uso instrumental del diálogo. Por otra parte, la estabilidad se construye siempre en el tiempo corto que, dada su naturaleza, bloquea la posibilidad tanto de instituciones y actores de cimentar una cultura política basada en la responsabilidad y una racionalidad estratégica que sea más propositiva que reactiva.

Finalmente, el desborde social y los intentos de generar proyectos colectivos con un objetivo político o propuesta alternativa, en la medida en que no terminan de germinar, no trascienden sus planteamientos aislados, dispersos y carentes de una dimensión societal integradora.

Dos conclusiones generales.

Más allá de las estrategias y de los comportamientos circunstanciales de los actores proponemos dos conclusiones generales para caracterizar la coyuntura: la crisis política y la fragmentación social.

Por una parte, la crisis política implica la descomposición de la autoridad estatal (expresada en el motín de la policía), el profundo deterioro de las instituciones democráticas (inoperancia del parlamento) y los desajustes en los procesos de producción y fiscalización de las decisiones. Asimismo, como se ha demostrado, la crisis política involucra también graves distorsiones en las funciones de representación, mediación y liderazgo de los partidos políticos.

Por otra parte, constatamos un proceso de fragmentación de la sociedad civil que si bien es, por naturaleza, una pluralidad conflictiva y dispersa, también constituye una esfera pública en la cual los actores colectivos expresan sus intereses y valores, reconociendo ciertas reglas del juego. Estas reglas fueron rebasadas por los actores de la sociedad civil, como lo demuestra el desborde social del 12 y 13 de febrero. La dispersión de las reivindicaciones y estrategias sectoriales durante y después de la crisis demuestra la ausencia de una visión colectiva de sociedad civil como espacio público, como construcción de comunidad.